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Ley de Dependencia

Seis meses, como máximo, para dictaminar las prestaciones de dependencia

El ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas acordaron ayer en la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia establecer un plazo máximo de 6 meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a una prestación de dependencia.

Con esta limitación del plazo se intentará unificar el proceso en toda España, puesto que, actualmente, en algunas comunidades autónomas los dependientes esperan hasta un año y medio para que se les reconozca su derecho. Ministerio y comunidades han acordado que aquellos territorios que tengan establecido un proceso en 2 pasos (primero se reconoce el grado de dependencia y después el derecho de prestación) deberán reconocer el grado de dependencia en un plazo máximo de 3 meses. Asimismo, el tiempo máximo entre la solicitud y la respuesta de la administración regional se reducirá hasta 30 días cuando el dependiente sea un niño menor de tres años.

La ministra, Trinidad Jiménez, matizó que el compromiso de valorar y dictaminar la prestación en un máximo de medio año, que cada comunidad autónoma regulará a través de decretos, no significa que en ese momento el paciente vaya a comenzar a recibir el dinero o la atención que le corresponda, aunque se comprometió a “intentar agilizar el tiempo que el ciudadano tarda en recibirlo”.

En la reunión de ayer, ministra y consejeros alcanzaron otros acuerdos para mejorar calidad la prestación del servicio al dependiente como, por ejemplo, la valoración de la capacitación física y psíquica del cuidador y de la vivienda en la que reside o la imposibilidad de cambiar la asignación de una plaza en una residencia por una ayuda económica. También se determinó que la valoración de los enfermos se lleve a cabo por un cuerpo de técnicos públicos (funcionarios) y no por subcontratas externas, como se hacía hasta ahora.

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